El Parlamento francés marcó un hito al aprobar una legislación que redefine el delito de violación e agresión sexual, haciendo de la ausencia de consentimiento el elemento central de la tipificación penal. Esta reforma jurídica, que pone a Francia a la par de otros países europeos, ha sido impulsada por el impacto social y la indignación generada por el atroz caso de Gisèle Pelicot, un juicio que desnudó las deficiencias de la ley anterior y la persistencia de la cultura de la violación.
La nueva ley abandona la exigencia de que la Fiscalía debía probar que la víctima ejerció resistencia física o sufrió “violencia, coacción, amenaza o sorpresa” para que un acto sexual sea considerado violación. La normativa precedente, al enfocarse en los elementos de coerción, dejaba en la indefensión a víctimas de sumisión química, shock, o aquellas que simplemente se paralizaron por miedo, obligándolas a probar una oposición activa.
A partir de la promulgación de la ley, el Código Penal francés establecerá que "cualquier acto sexual no consentido" constituye agresión sexual o violación, dependiendo de si hubo penetración. Este avance revierte la carga de la prueba moral que históricamente recaía sobre la víctima, la cual se veía obligada a demostrar que había dicho "no" o luchado. Ahora, la ley exige probar que se dio un consentimiento activo, libre, informado, específico, previo y revocable.
Es crucial entender la nueva definición del consentimiento que introduce la ley. El texto legal estipula que el consentimiento nunca podrá inferirse del simple silencio o de la falta de reacción de la víctima. Esta claridad es fundamental para proteger a las personas en situaciones de vulnerabilidad, como aquellas que están dormidas, inconscientes o bajo la influencia de sustancias, situaciones que fueron centrales en el escándalo que motivó la reforma. La aprobación definitiva en el Senado, con amplio apoyo, pone fin a un largo proceso legislativo y fue calificada por el ministro encargado de las relaciones con el Parlamento como un paso histórico para los derechos de las víctimas.
El motor de este cambio legislativo es el trágico y desgarrador caso Pellicot, que conmocionó a Francia en 2024. Gisèle Pelicot, una mujer que decidió renunciar a su anonimato para convertirse en un símbolo, fue drogada repetidamente por su ex marido, Dominique Pelicot, durante más de una década. Mientras ella estaba bajo los efectos de tranquilizantes, su esposo la violaba y organizaba encuentros sexuales en el domicilio con decenas de desconocidos, a quienes contactaba por foros de internet bajo la condición de que ella no estuviera consciente.
La investigación reveló que más de 50 hombres fueron identificados y condenados por participar en estas agresiones. La magnitud del caso, la banalidad del mal mostrada por los agresores -muchos de ellos hombres comunes- y el hecho de que Gisèle no estaba en condiciones de oponerse o resistirse, evidenciaron que la antigua ley era insuficiente para impartir justicia plenamente y confrontar la violencia sexual sistemática y oculta. El juicio histórico expuso cómo la pornografía, los chats y la vaga o nula comprensión del consentimiento por parte de los hombres alimentan la cultura de la violación.
Dominique Pelicot fue condenado a la pena máxima de 20 años de prisión, mientras que el resto de los acusados recibieron sentencias variables. Las implicancias de este caso trascienden las condenas; Pelicot se convirtió en el catalizador para que la sociedad francesa, las asociaciones feministas y, finalmente, el cuerpo legislativo, reconocieran que el paradigma legal debía cambiar. El anterior enfoque, centrado en la violencia, hacía casi imposible procesar casos de sumisión química o aquellos donde la voluntad de la víctima estaba anulada, obligándola a vivir la revictimización de ser cuestionada por su "no resistencia".
Con la aprobación de esta nueva legislación, Francia se alinea con el Convenio de Estambul y envía un mensaje contundente: el sexo sin un sí claro y afirmativo es un crimen, dijeron los parlamentarios. Se busca así marcar de forma inequívoca la barrera entre la sexualidad y la violencia, reforzando la protección legal de las víctimas y la esperanza de que la ley pueda reflejar mejor la realidad de las agresiones sexuales. La Ley del Consentimiento francesa no es solo una enmienda penal, sino una declaración de principios sociales y jurídicos.
La sentencia contra los violadores de Gisèle Pelicot es considerada un antes y un después, ya que, junto a la nueva ley, busca cambiar la narrativa: la vergüenza debe recaer únicamente sobre el agresor. Este esfuerzo legislativo y social apunta a la necesidad de reforzar la educación sexual y el respeto desde edades tempranas, reconociendo que la lucha contra la impunidad no termina en los tribunales, sino en la concientización sobre lo que significa un consentimiento libre y total.
A diferencia de la nueva ley francesa, la legislación penal argentina (Artículo 119 del Código Penal) no adopta la fórmula del "solo sí es sí", que exige un consentimiento activo y explícito. En Argentina, el delito de abuso sexual y violación se configura por la anulación de la voluntad de la víctima, al cometerse mediante violencia, amenaza o por el aprovechamiento de que la persona no pudo consentir libremente (por estar inconsciente, drogada o dormida). Esta distinción legal significa que la justicia argentina se centra en probar la coerción o la incapacidad, en lugar de la ausencia de un sí afirmativo, lo que en la práctica puede revictimizar al poner el foco en la resistencia de la víctima y no en la conducta del agresor. La edad mínima para un consentimiento válido es de 16 años, con protección especial para los menores de 13.